Gracias a las continuas labores de investigación criminal, inteligencia policial y patrullajes preventivos, la Policía Nacional logró la captura, mediante orden judicial y en flagrancia, de 73 personas señaladas de afectar la vida y la integridad de los ciudadanos en Bogotá.

Entre los resultados más relevantes se destaca la captura de un ciudadano de nacionalidad venezolana, mediante orden judicial, por los delitos de homicidio y hurto agravado, en la localidad de Santa Fe. Este individuo estaría implicado en un hecho ocurrido el 30 de julio de 2025, en la localidad de Usaquén, donde un ciudadano de 59 años fue víctima de hurto violento mientras se movilizaba en una patineta eléctrica. La víctima fue lesionada con arma cortopunzante, falleciendo a causa de las heridas.

De acuerdo con las investigaciones, el capturado operaba en horas de la noche en compañía de otros delincuentes, seleccionando y siguiendo a sus víctimas para posteriormente asaltarlas de forma violenta. Asimismo, se le atribuye la participación en el hurto a una droguería en agosto de 2025. Este sujeto registra seis anotaciones judiciales por hurto.

Otro de los casos destacados corresponde a la captura, mediante orden judicial, de un hombre señalado como presunto responsable del homicidio de su pareja sentimental, ocurrido el 25 de enero de 2026 en la localidad de Usaquén. Posterior al hecho, el implicado habría alterado la escena para simular un suicidio; sin embargo, gracias a las técnicas investigativas y científicas, se logró esclarecer el crimen.

De igual forma, en la localidad de Rafael Uribe Uribe fue capturado un ciudadano de nacionalidad venezolana conocido como alias “Papeles”, quien figura en el cartel de los más buscados de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, requerido por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Este individuo estaría vinculado al homicidio de un ciudadano extranjero en 2025, a quien habría asesinado para apropiarse de dinero producto del tráfico de estupefacientes.

En otros resultados operativos, en el barrio Las Cruces de la localidad de Santa Fe, fue capturado un hombre que transportaba el cuerpo sin vida de una mujer en una carreta y que presuntamente estaría vinculado al hecho. Igualmente, en el barrio San Bernardino, localidad de Bosa, fue detenida una mujer de nacionalidad extranjera, quien habría ocasionado la muerte de un ciudadano con arma cortopunzante durante un hecho de intolerancia.

Asimismo, se logró la captura de cuatro presuntos sicarios, además de otros implicados en agresiones con arma cortopunzante en medio de riñas o conflictos de convivencia que derivaron en homicidios.

Es importante resaltar que en lo corrido del año 2026, se registra una reducción del 7 % en el delito de homicidio, con 33 casos menos en comparación con el año 2025. De igual manera, se han incautado más de 645 armas de fuego y se han impuesto 92.434 comparendos en aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana por porte de armas cortopunzantes.

La Policía Metropolitana de Bogotá invita a la ciudadanía a continuar aportando información oportuna que permita la identificación y judicialización de los actores delincuenciales, a través de la línea de emergencia 123 o la línea contra el crimen 314 358 7212.

En el marco de la ofensiva contra la corrupción, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, propinó un contundente golpe a una estructura criminal dedicada al fraude electrónico. En una operación simultánea desarrollada en las ciudades de Medellín, Barranquilla y Montería, se realizaron diligencias de registro y allanamiento, además de hacerse efectivas 11 órdenes de captura por orden judicial contra personas señaladas de apropiarse presuntamente de más de 3.000 millones de pesos, recursos destinados a familias en condición de vulnerabilidad en Colombia.

De acuerdo con la investigación, esta organización criminal se especializaba en la suplantación de identidades y de puestos de cobro, con el fin de apropiarse ilegalmente de recursos del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), dirigidos exclusivamente a programas de atención para población vulnerable.

El desvío ilícito de estos fondos estatales supera los 3.000 millones de pesos, afectando directamente los recursos destinados a programas sociales. Para cometer este fraude, la organización presuntamente suplantaba las huellas dactilares de las víctimas. Mediante rigurosos cotejos dactiloscópicos, los peritos judiciales establecieron que la red accedía de forma ilegal al software diseñado para enrolar las huellas de los beneficiarios legítimos, modificándolas por las del cabecilla de la organización y las de sus cómplices para efectuar cobros fraudulentos.

Se trata de una investigación que se extendió por más de dos años, en la que investigadores del Área Anticorrupción de la DIJIN recopilaron, desde el año 2023, material probatorio suficiente para llegar a este resultado. La denuncia inicial fue presentada por una red multiservicios de giros ante la Fiscalía General de la Nación, luego de detectar irregularidades en varios de sus puntos de pago. Diversas auditorías internas permitieron identificar la modalidad delictiva empleada por esta estructura criminal.

Las autoridades lograron identificar a alias “Yeimar” como presunto cabecilla de la organización, así como a otros integrantes con roles específicos dentro de la estructura, entre ellos reclutadores, cobradores y suplantadores. Inicialmente, habrían comenzado a cobrar fraudulentamente subsidios en la ciudad de Medellín y en municipios del departamento de Antioquia; posteriormente, habrían extendido su accionar a Ibagué (Tolima), Montería (Córdoba) y Barranquilla (Atlántico), donde buscaron puntos estratégicos para falsificar documentos de identidad, acceder de manera abusiva a sistemas informáticos y captar colaboradores para materializar los cobros ilegales.

La investigación permitió establecer que el dinero desviado correspondía a subsidios de programas estatales como Jóvenes en Acción, Adulto Mayor y la Unidad para las Víctimas de Desplazamiento por la Violencia. A la fecha, se han identificado más de 334 víctimas en todo el territorio nacional, así como 49 denuncias penales y 69 quejas radicadas ante la red multiservicios. Las investigaciones continúan para ubicar a más presuntos integrantes y colaboradores de la organización, entre ellos posibles funcionarios públicos que habrían suministrado información privilegiada.

Durante los allanamientos fueron hallados e incautados nueve computadores, ocho terminales telefónicas y tres discos duros, elementos que serán sometidos a análisis forense para la extracción de información. Asimismo, fueron encontradas máquinas laminadoras, lectores biométricos, lectores de códigos de barras e insumos utilizados para la presunta elaboración ilícita de cédulas de ciudadanía.

Las 11 personas capturadas, junto con los elementos materiales probatorios incautados, fueron presentadas en audiencia pública ante un juez de control de garantías, quien legalizó las capturas. Posteriormente, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático, abuso de confianza calificado y falsedad personal.

Con este resultado operativo, la Policía Nacional reafirma su compromiso con la protección de los recursos del Estado y con la garantía de que las ayudas sociales lleguen a quienes realmente las necesitan, neutralizando a quienes pretenden lucrarse de manera ilegal mediante el uso fraudulento de la tecnología.

En el marco de la operación de alta precisión “Pompeya” y tras una investigación internacional iniciada en el año 2022, la Policía Nacional, a través de la DIJIN y la DIPOL, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo del Ejército Nacional y la cooperación internacional decidida, efectiva y confiable de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), logró la captura en el municipio de Uribia (La Guajira) de un hombre conocido como alias “El Gallero”, señalado como principal articulador del tráfico transnacional de estupefacientes y armas en la región de la Alta Guajira.

El capturado contaba con una orden de captura con fines de extradición, expedida por la Corte del Distrito Sur de Florida (Estados Unidos), por los delitos de conspiración para delinquir y tráfico de drogas ilícitas.

Alias “El Gallero”, presunto cabecilla de la estructura criminal conocida como “Clan Cotes”, controlaba rutas estratégicas hacia Centroamérica con destino final a los Estados Unidos, con una capacidad estimada de envío mensual de entre dos y tres toneladas de clorhidrato de cocaína. Según la investigación, también proveía de armamento y municiones al Grupo Armado Organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, y facilitaba el tránsito de grandes cargamentos de estupefacientes provenientes del Catatumbo, presuntamente de propiedad del ELN y del Clan del Golfo.

Las autoridades establecieron que el hoy capturado habría aprovechado su posición social y política —tras haberse desempeñado como concejal de Uribia durante el periodo 2020-2023— para presuntamente lavar dinero del narcotráfico mediante fundaciones, contratos públicos y la administración de instituciones etnoeducativas. Asimismo, instrumentalizaba su pertenencia a la comunidad Wayuu para mimetizarse y evadir los controles de las autoridades.

Ante los recientes hechos de violencia y homicidios selectivos registrados en el municipio de Maicao, se logró determinar que alias “El Gallero” venía ordenando acciones criminales motivadas por disputas territoriales contra alias “Naín”, cabecilla de las ACSN, situación que lo había llevado a ocultarse en rancherías de la zona.

Este resultado obedece a un seguimiento sostenido de inteligencia e investigación criminal. Durante el año 2025, entre la DEA y la Policía Nacional, se asestaron cinco golpes logísticos a esta red criminal: dos en República Dominicana y tres en Uribia (La Guajira), que permitieron la incautación de 4.344 kilogramos de clorhidrato de cocaína, debilitando de manera significativa el andamiaje criminal del “Clan Cotes”.

La captura de alias “El Gallero” representa un golpe contundente a una de las redes criminales con mayor incidencia en el norte del país. Este resultado genera una afectación directa en cuatro ejes fundamentales: la cadena internacional de suministro entre proveedores de la zona del Catatumbo y receptores en Centroamérica y Estados Unidos; las finanzas ilícitas de la estructura; la dinámica de violencia territorial en municipios como Maicao y Uribia; y la capacidad de corrupción e infiltración en escenarios institucionales y políticos de la región.

El capturado fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Bogotá, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, a la espera de que se surtan los trámites correspondientes para su extradición hacia territorio estadounidense.

En el marco de las estrategias contra el crimen organizado transnacional, la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) y con el apoyo del Ejército Nacional, propinó un golpe estratégico a las estructuras del Estado Mayor Central (EMC), logrando la captura simultánea de tres presuntos dinamizadores de la estructura criminal 39 “Arcesio Niño”, en los departamentos de Meta, Cundinamarca y Tolima.

Los capturados deberán responder por los delitos de terrorismo, secuestro simple, extorsión y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones.

Se trata de alias “Winny”, señalado como cabecilla de la comisión armada; alias “La Bichota”, presunta cabecilla de las Redes de Apoyo a las Estructuras Residuales (RAER); y alias “Vicente”, identificado como presunto explosivista de la organización criminal.

De acuerdo con las investigaciones, estas personas desempeñaban roles críticos en logística, inteligencia criminal, reclutamiento forzado y control territorial. Asimismo, se les atribuye la participación en extorsiones, desplazamientos forzados y homicidios, además de acciones terroristas de alto impacto contra la Fuerza Pública, como el ataque con cilindro bomba perpetrado en 2023 contra el Ejército Nacional en el sector de La Loma, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).

Con este resultado operacional se logra un debilitamiento directo de la estructura criminal bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, afectando sus capacidades logísticas y financieras, así como el recaudo de dineros ilícitos y las economías ilegales asociadas al narcotráfico en el departamento del Meta.

La operación representa un avance significativo en la desarticulación de redes dedicadas al sostenimiento y expansión territorial del grupo armado organizado residual en la región.

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad, el orden constitucional y la protección de las comunidades, mediante acciones contundentes contra las estructuras criminales que afectan la convivencia y la tranquilidad en el territorio nacional.

Con el propósito de garantizar el ejercicio libre, seguro y transparente del derecho al voto durante las elecciones del próximo 31 de mayo, el Departamento de Policía Santander desplegará más de 2.080 uniformados en los 78 municipios de su jurisdicción para preservar el orden público y acompañar el normal desarrollo de la jornada democrática.

En los 78 municipios que conforman la jurisdicción del Departamento de Policía Santander estarán habilitados 484 puestos de votación, distribuidos en 114 zonas urbanas y 370 rurales, con un total de 1.888 mesas para atender un potencial electoral de 575.423 ciudadanos.

La Policía Nacional brindará cobertura directa en 121 puestos de votación, con presencia en 1.393 mesas y una proyección de más de 470 mil ciudadanos habilitados para sufragar. Además, la Dirección General de la Policía Nacional envió 120 uniformados en comisión de apoyo para reforzar las labores de vigilancia, prevención y reacción en puntos estratégicos del departamento.

De manera articulada con las Fuerzas Militares y el INPEC, las autoridades garantizarán cobertura integral en el 100 % de los puestos de votación. El Ejército Nacional tendrá a cargo la seguridad de 358 puestos rurales, mientras que el INPEC custodiará cuatro puestos de votación y uno compartido con la Policía Nacional.

Para fortalecer la capacidad de respuesta durante la jornada electoral, la institución contará con cuatro Dispositivos Mínimos de Atención (DMA), seis grupos de reacción y una sección de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), ubicados estratégicamente en el territorio.

El compromiso de la Policía Nacional es garantizar unas elecciones seguras, transparentes y en completa normalidad. Invitamos a todos los santandereanos a ejercer su derecho al voto con responsabilidad y denunciar cualquier hecho que pueda afectar la transparencia electoral.

La Policía Nacional invita a la ciudadanía a participar de manera pacífica y responsable en la jornada electoral y recordó que cualquier irregularidad o posible delito electoral puede ser denunciado a través de la plataforma URIEL, el correo denunciasuriel@mininterior.gov.co y las líneas #623, 018000912005 y #157.

La Policía Nacional en Manizales y Villamaría presenta el balance operativo correspondiente a la semana del 18 al 24 de mayo, destacando los resultados obtenidos en el marco de las estrategias orientadas a fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana.

En Manizales, durante este periodo, fueron capturadas 62 personas por delitos como hurto calificado y agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, violencia intrafamiliar, intimidación, hurto, violencia contra servidor público, violación de habitación ajena e injuria por vías de hecho.

Dentro de los principales resultados operativos de la semana, el señor coronel Dave Anderson Figueroa Castellanos, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, destacó:

• La captura de un hombre de 18 años, conocido como “Malvavisco”, presunto responsable del hurto a un conductor de taxi ocurrido el pasado mes de abril.
• La captura en flagrancia de alias “Dieguito”, de 33 años, por el hurto de dos bolsos en una clínica del barrio Sancancio.
• La captura de un hombre y dos mujeres dedicados al hurto, quienes mediante la modalidad de “cosquilleo” actuaban en buses de servicio público de la ciudad.
• La captura de tres hombres que tenían en su poder 1.000 gramos de bazuco, quienes se hacían pasar como integrantes de una estructura delincuencial con injerencia en la ciudad de Pereira.

De igual manera, durante los procedimientos policiales se impusieron 545 comparendos por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se incautaron 354 armas cortopunzantes y 10 teléfonos celulares reportados como hurtados o extraviados.

En acciones preventivas, se realizaron 86 traslados de personas adultas al Centro Transitorio por Protección (CTP).

Por su parte, la línea de emergencia 123 atendió 1.714 llamadas, destacándose 149 casos relacionados con riñas, 107 por violencia intrafamiliar y 278 reportes por alteración de la tranquilidad ciudadana.

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana, e invita a la comunidad a informar de manera oportuna cualquier situación que altere el orden público o represente riesgo para la ciudadanía, a través de la línea de emergencia 123.

En el marco de la ofensiva contra delitos de alto impacto, la Policía Nacional, a través del Modelo del Servicio de Policía orientado a las personas y los territorios, logró la captura en flagrancia de un sujeto por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y fuga de presos.

El procedimiento se llevó a cabo en jurisdicción del corregimiento de Bonda, donde los uniformados interceptaron a un ciudadano que se movilizaba en motocicleta. Al practicarle un registro, le fue hallada en su poder un arma de fuego tipo pistola con munición.

Cabe resaltar que este individuo fue identificado como uno de los actores criminales que se fugó del Centro de Traslado por Protección (CTP) el pasado 16 de marzo.

El capturado, junto con el arma de fuego incautada, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de la República definirá su situación judicial.

“La Policía Nacional continúa adelantando acciones operativas con el propósito de capturar y judicializar a los actores delincuenciales que buscan intimidar y afectar a la ciudadanía. Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier hecho que altere la tranquilidad a través de la línea de emergencia 123”, señaló el coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana, e invita a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte la tranquilidad y el orden público.