Comunidad huitoto, horas de la mañana. El abuelo de la etnia, encaramado sobre un travesaño de guadua, a dos metros del suelo, recibe una hoja de palma tan grande
como él. Techa una maloca que poco a poco toma forma. Abajo, Kasandra Soplín y Alexánder Torres, dos jóvenes alumnos del Centro de Instrucción de Policía de Leticia (Cilet), le pasan las hojas.
Ambos son indígenas y visten el uniforme que en pocos meses los graduará como patrulleros. Niñas corretean y se carcajean mientras observan con curiosidad las botas, el pantalón y el sombrero tipo carabinero de Kasandra.
“Bonita es ella”, dice la más pizpireta. En la señorita que ayuda al abuelo ven un atuendo poco convencional entre su gente (el de la Fuerza Pública), pero a la vez encuentran que tiene sus mismos rasgos indígenas: piel morena, ojos achinados, pelo negro y liso.
Hace 21 años se inauguró en la capital de Amazonas el centro de formación para policías, con el propósito de generar inclusión, explicó el coronel José Joaquín Devia, comandante de Policía de ese departamento.
Desde entonces, unos 1.100 alumnos han pasado por allí e incluso algunos ya se pensionaron de la institución. Los requisitos para ingresar son los habituales que en el resto del país, pero además tienen que ser oriundos del departamento y pertenecer a alguna de las 27 comunidades étnicas que hacen presencia en la región.
Desde finales de la década pasada, el gobierno de Estados Unidos, a través del Plan Colombia (hoy transformado en Paz Colombia), es quien patrocina los estudios de estos jóvenes. Cada año 50 nuevos estudiantes (40 varones y 10 señoritas, todos menores de 24 años) comienzan su formación de manera gratuita. Esta se extiende por un año y tras su graduación comienza su vida de servicio. Primero van a otras zonas del país y después retornan a su lugar de origen para servir de puentes entre su institución y sus comunidades.
“Kue komtnt dtga tatjtacadtkue kat komtat art attyena, me kat komtnt ñue iyena”, expresa Torres en su lengua madre, huitoto. Luego, en fluido español, traduce su expresión: “Yo quiero trabajar con mi comunidad para sacarlos adelante, para que vivan mejor”. Alude a La Chorrera, población donde permanece su abuela (madre de crianza), tanrecóndita que es preciso un recorrido de dos semanas para llegar (por río y tierra) o volar una hora y media desde Leticia. En esta ocasión, Soplín y Torres acompañan a la intendente Claudia Esther Cahuache (de la etnia cocama, 39 años de edad y con 19 de servicio) para dar una mano a esta comunidad, al anciano que continúa techando la estructura y quien afirma que entre cuatro es posible acabar la labor en un día.
Superó incidente
Cahuache es la coordinadora de Derechos Humanos del Departamento de Policía Amazonas y asegura que es mucha la experiencia acumulada en casi cuatro lustros. Una de las situaciones que más la confrontó sucedió en abril del 2015. Una minga indígena marchaba en dirección al casco urbano de Leticia. Cruzaron un límite urbano previamente acordado con las autoridades, impulsados por las peticiones que le hacían al gobierno departamental. En su avance se cruzaron con un dispositivo de la Policía, un agente lanzó una granada de aturdimiento y un guardia indígena, creyendo que el artefacto podría lesionar a alguien, la tomó en su mano: estalló y su extremidad quedó destrozada.
La comunidad, iracunda, culpó del hecho a la autoridad. En la actualidad, el proceso judicial avanza para determinar si el Estado debe indemnizar o no al lesionado. “En ese momento me confronte y dije: ‘Qué hago acá’, porque el afectado era un conocido mío, indígena. Me presenté ante la comunidad donde él vive y el recibimiento fue agresivo, me decían ‘policía hijuetantas’. Les dije que me vieran como una amiga, porque detrás del uniforme hay una persona”, recuerda la intendente.
Y agrega: “Fue difícil porque me rechazaban, pero seguí yendo por semanas, de la mano de Dios, aunque temía que me lesionarán. Pasó un mes y después de mucha negativa pude hablar con la esposa. Y ahí empezamos a mejorar la relación, hasta que el 20 de julio de este año logramos que los guardias indígenas marcharan con nosotros en el desfile de la independencia”. La intendente sostiene que su misión, aparte de darle seguridad a la ciudadanía, es fortalecer la relación entre indígenas y autoridad.
Entre tanto, las niñas huitotos siguen merodeando a la estudiante Soplín, que ahora toma una de las palmas y les muestra cómo es el trenzado de las hojas para los tejidos. Un perrito les coquetea, ladra, busca juego. No faltan las sonrisas y las dentelladas cariñosas del animal. Cae la lluvia, impredecible y torrentosa en la manigua.
“Cuando me gradúe quiero trabajar un año en Bogotá y aprender muchas cosas de mi profesión, porque mi deseo es volver al Amazonas y traer todo el conocimiento”, expresa Kasandra, que no es la primera de su familia en beneficiarse con el Cilet; su tía Beatriz es intendente y ajusta 19 años de labor; ambas forman una saga, igual que pasa con los Cahuache, que aparte de Claudia, su padre (pensionado) y dos hermanos integran la Policía.
Una vez que se cubre parte de la maloca con las palmas, el anciano desciende y se congracia con los agentes. Siempre y cuando haya indígenas uniformados, no muestra inconvenientes en permitir que ingresen a su territorio, pues a veces se presentan situaciones que trascienden su legislaciónjurisdicción indígena (como asesinatos, por citar un ejemplo).
“Me kat komtnt ñue iyena kay polizia, dxga onotmona tat jtttkat”, diría el viejo, queriendo expresar en su lengua que “para que nuestra gente viva bien, tenemos que trabajar de la mano con la Policía, para que ellos nos cuiden y den seguridad”.
Felipe Motoa Franco - Redactor de EL TIEMPO
